SUMAN HALLAZGOS DE DESVÍOS A DESPACHO DE SAMUEL
Monterrey, NL 18 noviembre 2026.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó nuevas presuntas triangulaciones al Gobierno de Samuel García por unos mil 793.9 millones de pesos, acabando la mayoría en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), del Mandatario y su padre.
Estos hallazgos se suman a los documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el 30 de octubre informó ante la Cámara de Diputados que encontró al menos 728.13 millones de pesos desviados de recursos de la Administración emecista al despacho familiar del Gobernador a través de proveedores del Estado con un patrón similar a lo expuesto ayer.
Muchos de estos casos han sido evidenciadas por Grupo REFORMA desde el 2024.
Al rendir ayer su informe sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas 2025 -y de revisiones realizadas ante denuncias recibidas- ante Comisión de Vigilancia del Congreso local, el titular de la ASE dijo que la mayor parte de las triangulaciones detectadas corresponden al Gobierno del Estado y sus entes.
En éste, el Auditor Alejandro Reynoso estimó las triangulaciones en mil 696.6 millones de pesos -por medio de 786 depósitos-, que habrían representado rendimientos por 418.8 millones de pesos al “despacho jurídico”, como se refirió a FJyFA, ya que no lo citó por su nombre.
Otras triangulaciones se detectaron en el DIF Nuevo León y en la compra de medicamentos oncológicos realizadas por la UANL y el Isssteleón.
Esta última implica al despacho del hermano del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.
El Auditor, que nunca mencionó directamente al Gobernador emecista, ni por su nombre ni su cargo, se refirió a “un alto funcionario”.
Tampoco señaló a Mariana Rodríguez, esposa del Mandatario y titular de Amar a Nuevo León, pero hizo referencia a una “empresa de cosméticos”, y ella tiene una en ese ramo.
Entre las nuevas triangulaciones detectadas están:
-Del Gobierno del Estado y sus entes.
Se identificaron 786 depósitos a proveedores y contratistas gubernamentales, que transfirieron mil 696 millones 600 mil pesos a un “despacho jurídico y fiscal” relacionado con un funcionario público de primer nivel.
-Del DIF NL
Parte de los recursos pagados al proveedor Don Cacahuato habrían pasado por cinco empresas identificadas como filiales. En un periodo de ocho días, 23 millones 200 mil pesos llegaron al despacho jurídico del Gobernador.
-De UANL e Isssteleón
Se determinó que se realizaron pagos a la empresa Medicazel, por medicamentos oncológicos por 420.6 millones de pesos y, por cada 100 pesos de los pagos revisados, 17.60 pesos llegaron al despacho y empresas relacionadas con el hermano de “un alto funcionario”, en aparente referencia a Miguel Flores, Secretario General de Gobierno. El monto transferido sería por 74.1 millones de pesos.
-En el caso del DIF, la ASE informó que hay compras a precios inflados, como la compra de chayote en 300 pesos por kilo, cuando el valor de mercado era de 18 pesos, en promedio.
También advirtió desvíos de recursos desde el DIF Nuevo León, por mil 953 millones de pesos, de los que 23.2 millones habrían llegado al despacho jurídico de “un alto funcionario”.
“Se detectó”, añadió, “a una desarrolladora de las denominadas todólogas, es decir, empresas que dentro de su objeto social venden y prestan servicios prácticamente de todo en los siguientes conceptos: remodelaciones en el Centro Capullos y Fabriles, construcción e instalaciones, corpiños para niñas y ropa para niños”.
-Con relación a los medicamentos oncológicos, dijo que se adquirieron con sobrecosto y no se encontró evidencia documental suficiente de su entrega.
Carlos de la Fuente, del PAN, cuestionó por qué señalaba que eran triangulaciones adicionales a las reportadas por la ASF y ya denunciadas ante la Fiscalía General de la República por más de 7 mil millones de pesos.
“Nosotros revisamos recursos estatales, por eso son diferentes”, respondió Reynoso.
El panista Mauro Guerra, de la bancada Recuperemos Nuevo León, le preguntó para cuándo se estarían presentando las denuncias.
“Estamos en un máximo plazo de dos semanas”, dijo el Auditor, “para poder pasarle las investigaciones a las autoridades”.
Reynoso añadió que detectaron que la Codefront facturó a una empresa sancionada en otros países 537 millones 400 mil pesos, pero los contratos sólo son por 120 millones.
Sandra Pámanes, coordinadora emecista, acusó que el trabajo del Auditor era ocioso, ya que se realizaba con tintes partidistas y fines políticos.
