EL COSTO ECOLÓGICO DE LA IMPROVISACIÓN POLÍTICA
- Fumigación masiva golpea el paso de la mariposa monarca en Monterrey
Monterrey, Nuevo León. 18 noviembre 2026.- Cuando las decisiones públicas se toman desde la ocurrencia y el cálculo político inmediato, el medio ambiente suele pagar la factura más alta. El pasado 12 de noviembre, personal contratado por la diputada local Lorena de la Garza fumigó con sustancias químicas los árboles del Parque Sierra Alta, al sur de Monterrey, como medida previa para realizar una brigada de vacunación. La intervención se ejecutó sin criterios ecológicos y durante el tránsito migratorio de la mariposa monarca, dejando un rastro de ejemplares muertos que hoy mantiene abierta una investigación federal.
El caso expone la ligereza con la que actores políticos intervienen espacios naturales para montar eventos de proyección ciudadana, ignorando que el área metropolitana regiomontana funciona como un corredor vital de descanso y alimentación para esta especie protegida. Lejos de tratarse de una medida preventiva inocua, el rociado indiscriminado de pesticidas contra el mosquito del dengue en un entorno arbolado representa un ataque directo a la biodiversidad urbana y a uno de los fenómenos migratorios más frágiles de Norteamérica.
La magnitud del daño no salió a la luz por transparencia institucional, sino gracias a la vigilancia de vecinos y visitantes del parque. A través de fotografías y videos difundidos en redes sociales, los ciudadanos evidenciaron tanto la aplicación de los químicos en el follaje como decenas de mariposas monarca caídas sin vida sobre la maleza. Este registro gráfico desmontó de inmediato el discurso oficial de que no había afectaciones y dio sustento a las denuncias formales presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras estallar la crisis en la opinión pública, la respuesta de la legisladora evidenció un intento por contener el daño político antes que asumir el impacto ambiental. Aunque ofreció disculpas públicas y aseguró que tras inspeccionar el sitio no encontraron insectos muertos, su propio equipo admitió haber lavado y enjuagado los árboles con agua antes de la llegada de las autoridades. Para especialistas y defensores ambientales, esta acción no solo carece de rigor técnico, sino que sugiere dolo al alterar la escena y diluir los rastros químicos necesarios para un peritaje real, además de arrastrar los tóxicos hacia el subsuelo.
Desde una perspectiva ecológica, el perjuicio va mucho más allá de las mariposas que murieron al instante. Los insecticidas contaminan el néctar y las plantas hospederas de las que depende la especie para recargar energía, provocando daños neurológicos y desorientación que comprometen su supervivencia cientos de kilómetros más adelante en su ruta hacia los santuarios del centro del país.
Actualmente, la PROFEPA y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León mantienen en curso los procedimientos sancionadores, habiendo impuesto la prohibición estricta de volver a lavar, podar o manipular la zona. El episodio deja una lección urgente sobre los riesgos de la politiquería aplicada al espacio público: la conservación de especies clave no puede quedar a merced de decisiones improvisadas ni resolverse con disculpas tardías cuando el daño al ecosistema ya está hecho.
