VAN POR REGISTRO ESTATAL DE DEUDORES Y MOROSOS ALIMENTARIOS
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Esta información será pública
y deberá estar disponible en el portal ciudadano del Gobierno del Estado de
México: Mónica Granillo.
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Considera responsables
solidarios del pago de daños y perjuicios a quienes les corresponda informar
sobre la capacidad económica de las y los deudores.
Toluca
de Lerdo, México, 10 de noviembre de 2023.- La diputada Mónica Miriam Granillo
Velasco propuso reformas para crear el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos del Estado de México a fin de concentrar la información de las personas
que se constituyen como deudor alimentario moroso, de acuerdo a la
determinación de un juez de lo familiar, a fin de dar efectiva protección y
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De
acuerdo con la iniciativa de reformas al Código Civil y a la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Estado de México, el Registro
Civil a través de la unidad administrativa del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, será la instancia encargada de sistematizar, consultar y actualizar la
información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones
alimentarias, así como de proveer la información actualizada al Registro
Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La
información que se publique en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
será pública, con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y deberá estar disponible en el portal
ciudadano del Gobierno del Estado de México; su actualización deberá realizarse
de forma mensual.
La
iniciativa señala que, toda persona a quien por su cargo corresponda
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores
alimentarios, está obligada a proporcionar los datos exactos que le solicite el
Juez de lo Familiar y en caso de incumplimiento será responsable solidario del
pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario.
Asimismo,
el deudor alimentario deberá informar, en un máximo de quince días hábiles al
acreedor alimentario, al juez o la autoridad responsable, cualquier cambio en
su empleo, su ubicación y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que se
actualice la pensión alimenticia decretada.
Plantea
el requisito de presentar el certificado de no inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios para obtener licencias o permisos de conducir, pasaporte
o documento de identidad de viaje, para participar como aspirante a ocupar
cargos públicos y de elección popular, y para ser juez o magistrado, además de
que en las solicitudes de matrimonio el juez del Registro Civil hará del
conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro
y la situación respecto a sus obligaciones.
La
legisladora Mónica Granillo expuso que sólo 47.9 por ciento de las niñas y
niños de padres divorciados en 2021 recibieron pensión alimenticia, obligando a
miles de madres divorciadas a pelear día a día por el derecho de sus hijas e
hijos a recibir alimentos.
La
propuesta fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y
Administración de Justicia y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y Primera Infancia.