PIDE CONGRESO MEXIQUENSE JUSTICIA PARA DEFENSORES AMBIENTALES
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Solicitó a la FGJEM investigue y sancione el
homicidio de Álvaro Arvizu y Cuauhtémoc Márquez.
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Proponen que familiares sean inscritos en
Registro Estatal de Víctimas.
Toluca de Lerdo,
México, 23 de agosto de 2023.- Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó
a José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, que, a través de la Unidad de Investigación de Delitos
Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, investigue
y sancione a las personas responsables del asesinato de los activistas
ambientales Álvaro Arvizu Aguiñaga y Cuauhtémoc Márquez Fernández.
El punto de acuerdo
impulsado por la diputada Beatriz García Villegas (Morena) y expuesto por el legislador
Abraham Saroné Campos (Morena), también solicita a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de México la inscripción de las familias de las
víctimas en el Registro Estatal y que la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Tlalmanalco presente un informe de los programas y las políticas públicas
realizadas de enero de 2022 a la fecha en defensa de los derechos humanos.
Conforme al exhorto, Álvaro
Arvizu y Cuauhtémoc Márquez, asesinados por presuntos hechos relacionados con
su actividad de defensa del medio ambiente, fueron actores relevantes en la
defensa de la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación, así
como de la preservación del área natural de Amecameca.
Detalla que el 12 de
junio, Cuauhtémoc Márquez se dirigía a ratificar una denuncia por una agresión
previa, pero un grupo de civiles armados abrió fuego contra la casa del
defensor, quien quedó herido y posteriormente perdió la vida en las
instalaciones del Hospital de Zentlalpan Amecameca. Un día después Álvaro
Arvizu también fue atacado por un grupo armado en las instalaciones del Centro
Centli, falleciendo el 19 de junio.
La diputada Carmen de
la Rosa Mendoza (Morena) expresó que quienes integran el Poder Legislativo
deben de sumarse a la protección de las personas defensoras de derechos humanos
porque sin remuneración económica defienden las causas ciudadanas, por lo que
exigió la justicia, no repetición y reparación del daño para las víctimas
indirectas y para la sociedad.