CONSERVACIÓN ECOLÓGICA PRIORITARIA EN LA POLÍTICA HÍDRICA ESTATAL
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Concesiones que afecten a pueblos originarios
deben ser objeto de consulta pública, propone Beatriz García Villegas.
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La iniciativa integra aportaciones del Parlamento
Abierto “Construcción de una nueva política hídrica en el Estado de México”.
Toluca
de Lerdo, México, 09 de agosto de 2023.- Al considerar que ya no quedan muchas
alternativas para solucionar la grave crisis del agua, la diputada Beatriz
García Villegas propuso reformas a la Ley del Agua de la entidad para
establecer que el suministro debe priorizar la conservación ecológica y
ambiental, el saneamiento, además de promover la participación ciudadana en la
solución de esta crisis por lo que cuando una concesión afecte pueblos
originarios deberá ser motivo de consulta pública.
La propuesta, expuesta en sesión de la
Diputación Permanente por la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena),
señala que en la entidad los conflictos por el agua van en aumento, por lo que
es importante abordar la crisis del agua como un problema medioambiental
prioritario, y su protección y saneamiento debe ser una responsabilidad social,
para lo cual la democratización en la toma de decisiones en este tema no
solamente es un requisito de formalidad, sino una poderosa herramienta.
Remitida a la Comisión de Recursos
Hidráulicos, en lo general la propuesta tiende a la formulación de una nueva
política hídrica, se diseñó con las aportaciones de la ciudadanía recabadas
durante el Parlamento Abierto “Construcción de una nueva política hídrica en el
Estado de México”, que se desarrolló en marzo de 2023.
Conforme al documento, se plantea como
definición de saneamiento las acciones que deben realizar los gobiernos estatal
y municipal, el sector privado y el sector social para tratar sus aguas de
descarga antes de conducirla hacia el punto de disposición final o uso en caso
de reutilizarla o retroalimentar a los mantos acuíferos, fuentes superficiales
y sistemas de drenaje.
En cuanto a la política estatal hídrica
señala que deberá contemplar la participación de los sectores social y privado,
en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, y que las
autoridades respectivas deberán ejecutar mecanismos de participación ciudadana
a convocatoria pública y abierta.
También precisa que los prestadores de
servicios relativos, de acuerdo con su naturaleza jurídica y en el ámbito de su
competencia, otorgarán el servicio del agua considerando como prioridad de
usos la conservación ecológica y
ambiental, y que para el otorgamiento de concesiones, deberá considerarse que,
en los casos en que el otorgamiento de la concesión afecte en cualquier sentido
a pueblos y comunidades originarias, al territorio en que se asientan o a su
forma de vida, la concesión será objeto de consulta pública.