BOTÍN DE COMPLICIDADES Y DECADENCIA JUDICIAL
Por Aurelio Contreras Moreno
Después de un intenso jaloneo, finalmente el
Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo
gobernante en Veracruz.
Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron
nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de
Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era
representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia
Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante
ese mismo órgano del Poder Judicial estatal.
Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni
trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac
García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de
despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo
investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo
en el Consejo de la Judicatura.
El enroque más significativo es el de Humberto
Oliverio Hernández Reducindo, quien está ligado al presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Juan Javier Gómez
Cazarín, así como al secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, quienes a
su vez llevaron al ahora ex consejero del IVAI, Alfredo Corona Lizárraga –quien
indebidamente dobleteó cobrando al mismo tiempo una beca Conacyt- a la
representación del Poder Legislativo en la Judicatura.
Lo que el agonizante régimen de Cuitláhuac
García busca es protegerse de eventuales investigaciones penales por los malos
manejos que han hecho de los recursos durante su administración, colocando
incondicionales y tomando por asalto al Tribunal Superior de Justicia, al cual
han convertido en un botín de complicidades.
No por nada las Barras, Colegios, Asociaciones,
Federaciones y Alianzas de Abogados del estado de Veracruz criticaron duramente
lo que llamaron “la decadencia de la impartición de justicia” en la entidad.
En una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac
García, los abogados subrayaron que “de los 22 magistrados que han sido
nombrados durante el periodo que abarca del año 2019 a la fecha, la mayoría de
ellos no cuentan con el perfil que exige el alto compromiso de impartir
justicia a los veracruzanos, de un total de 33 magistrados que integran el
Tribunal Superior de Justicia del Estado (…), así como no cumplen el requisito
de guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la propia
de nuestro Estado, las leyes que de ellas emanan y los principios fundamentales
de derecho”.
Eso, aseveraron, “ha provocado la decadencia en
la impartición de justicia en nuestro estado, el cual ocupa el lugar 23 de 32
estados según el índice del estado de derecho, realizado por World Justice
Proyect 2022-2023. De igual forma el estado de Veracruz se encuentra en la
posición 32 de 32 estados en Justicia Civil y en el lugar 30 de 32 en Justicia
Penal, generando un severo detrimento en la calidad de la justicia”.
Por esa razón, le exigieron al gobernador “que
quienes sean propuestos, sean profesionistas con un alto sentido de
responsabilidad, probidad, formación académica en derecho y experiencia en el
funcionamiento de Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia”.
Obviamente, los juristas fueron olímpicamente ignorados y la pandilla
gobernante puso alfiles en cargos que implican grandes responsabilidades
legales, pero también políticas.
¿Sabe que fue lo primero que hicieron los
flamantes magistrados y consejeros de la Judicatura apenas recibieron sus
nombramientos? Irse a tomar la foto con su “patrón”, el diputado Gómez Cazarín.
Tal cual va a ser su “autonomía”.
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