ANALIZARÁ CONGRESO LEY SOBRE PAGOS A PROFESIONISTAS EN DERECHO
Toluca de Lerdo,
México, 18 de enero de 2024.- La iniciativa de Ley de Arancel para el Pago de
Honorarios de Profesionistas en Derecho y Costas Procesales fue presentada por
el magistrado Ricardo Sodi.
Busca suplir la
normatividad que data de 1962 cuyo contenido se considera obsoleto y deficiente.
El Congreso mexiquense,
a través de la Diputación Permanente, presidida por el diputado Rigoberto
Vargas Cervantes, recibió la iniciativa enviada por el magistrado Ricardo
Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, para
expedir la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Profesionistas en
Derecho y Costas Procesales del Estado de México.
De acuerdo con la
iniciativa, expuesta por la legisladora Miriam Escalona Piña (PAN), integrante
de la Diputación Permanente, este ordenamiento busca regular el pago de
honorarios o costas procesales que se generen por el patrocinio jurídico
derivado de juicios, procesos o gestiones seguidas ante tribunales o
autoridades que correspondan.
El documento explica
que el establecimiento de un arancel o monto para el pago de honorarios de los
profesionistas en derecho que presten sus servicios en aquellos asuntos o
negocios que puedan implicar o impliquen una posible controversia judicial
constituye una necesidad apremiante, tomando en consideración que en la mayoría
de los casos las y los profesionistas y sus clientes no celebran un contrato de
prestación de servicios por escrito o no se prevé el monto de los honorarios ni
la forma de pago.
El ordenamiento busca
suplir la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas
Procesales en el Estado de México, normatividad que data de enero de 1962 y
cuyo contenido se considera obsoleto y deficiente, pues incluye montos
anacrónicos fuera de contexto social y económico, además de que resulta
compleja en su aplicación al establecer fórmulas para su cálculo de difícil
comprensión.
La nueva ley, cuya
iniciativa analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia,
contempla el pago de los honorarios que deberán cubrirse a los profesionistas
en derecho por su intervención en asuntos o negocios de carácter prejudicial;
es decir, aquellos que pueden implicar una controversia jurisdiccional sin
llegar a esta.
Además, plantea
cambios para los casos de los pagos de honorarios, de asuntos o negocios de
cuantía determinada, el principio de la autonomía de voluntad, índice o base
económica para el pago de honorarios y costas, honorarios más justos y
equitativos, entre otros aspectos.
