PIDEN HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL POR ROBO Y “HACKEO” DE CELULARES
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Analizan iniciativa que plantea
castigar la receptación de celulares para su hackeo y comercialización.
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Municipios deben prohibir su
comercialización en puestos fijos y semi fijos.
Toluca
de Lerdo, México, 21 de marzo de 2024.- Combatir la problemática social que
genera el robo de telefonía celular, equipos de cómputo y dispositivos
electrónicos, son propósitos de la iniciativa de reforma al Código Penal y a la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México que busca sanciones de hasta ocho años
de prisión por este delito, así como por hackearlos para su comercialización.
Al iniciar
el análisis de la iniciativa, el diputado proponente explicó que 90 por ciento
de los robos en el transporte público son con violencia, y en estos se busca sobre
todo dispositivos electrónicos como teléfonos celulares por las elevadas
ganancias que deja su comercialización ilegal, y por el hecho de que en México
se estiman más de 88 millones de usuarios de este servicio, además que por cada
10 celulares nueve son de los denominados inteligentes.
En
este sentido, propone penas de dos a ocho años de prisión para quien participe
en el delito de encubrimiento por receptación de teléfonos celulares, equipos
de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Además, como el ciclo relacionado
con el robo de celulares implica su recepción, modificación y venta ilegal, se
plante equiparar esta conducta al delito de encubrimiento por receptación, por
el que se impondrán hasta tres años de cárcel y multa igual a tres veces el
valor de los bienes.
La
propuesta plantea que los ayuntamientos, a su vez, no autoricen la venta en vía
pública, puesto fijos o semi fijos, mercados, centrales de abasto este tipo de
bienes.
Durante la reunión de
las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y
Administración Municipal, diputadas y diputados locales señalaron que durante
2022 México casi dos millones de hogares padecieron robos entre alguno de sus
miembros y acordaron solicitar la opinión y aportaciones de la Fiscalía General
de Justicia (FGJEM).
